La rebelión militar de Semana Santa marcó un punto de inflexión en el gobierno de Raúl Alfonsín. La gente respondió en apoyo al gobierno legalmente elegido.
Alfonsín Felices Pascuas... La casa está en orden
El próximo 19 de abril habrá transcurrido un cuarto de siglo de una de las movilizaciones populares más grandes de las que se tenga memoria. Fue una resistencia pacífica a la rebelión militar de Semana Santa, encabezada por Aldo Rico.
Millones de argentinos fueron los
protagonistas. Las plazas de las grandes ciudades y de los pueblos más lejanos
desbordaban de gente en esa jornada plena de sol. Una marea humana con banderas
argentinas cubrió por completo la
Plaza de Mayo. Fue un movimiento espontáneo, único; todos se
volcaron a las calles a defender la democracia amenazada.
Aquel histórico domingo 19 de abril de
1987, el presidente Raúl Alfonsín salió al balcón y la multitud quedó
paralizada cuando dijo: “Les pido a ustedes que me esperen acá y, si Dios quiere,
dentro de un rato vendré con la noticia de que cada uno de nosotros podemos
volver a nuestros hogares”.
El presidente se desplazó en helicóptero
a Campo de Mayo, ocupado por los “carapintadas” (porque se habían pintado los
rostros con carbón, como en las películas bélicas) comandados por el teniente
coronel Aldo Rico.
Alfonsín tuvo que aguardar más de 40
minutos para ser recibido por el jefe del levantamiento militar.
Por medio de lo que llamaron “Operación
Dignidad”, los amotinados exigían que cesaran las citaciones judiciales al
personal militar y de fuerzas de seguridad que habían participado en la
represión de la dictadura; que se pusiera fin a la persistente de lo que
llamaban “campaña de desprestigio a las Fuerzas Armadas” desde los medios de
difusión y al relevo de la cúpula del ejército, encabezada por Héctor Ríos
Ereñú, a quien apuntaban por ser radical y estar vinculado con el ex presidente
de facto Agustín Lanusse.
Afuera, en las calles, ante tanta
incertidumbre, algunos ciudadanos se habían armado con palos para resistir a
los golpistas. La sociedad civil estaba asustada, temerosa, pero de pie para
salvar a las instituciones democráticas.
La angustia llegó a su máxima expresión
cuando Alfonsín, con gesto cansado volvió a salir al balcón. A su lado estaba
Antonio Cafiero, el máximo dirigente del peronismo por esos tiempos. “¡La casa
está en orden! ¡Felices Pascuas!”, dijo el presidente ante la multitud.
La frase transformó la angustia en
euforia, pero también marcaría la decadencia política de Alfonsín, porque
encubrían un acuerdo con los militares golpistas.
Detonante en Córdoba. En Córdoba, una multitudinaria
manifestación permitió ver ese domingo inolvidable al gobernador Eduardo César
Angeloz junto con su rival y actual gobernador, José Manuel de la Sota. Esa imagen, esa
foto, fue irrepetible. Y tenía un significado muy especial porque la mecha de
la bomba que estalló en Campo de Mayo se había encendido en Córdoba.
El miércoles 15 de abril, el mayor
Ernesto Barreiro debía presentarse a declarar ante la Cámara Federal ,
acusado de ser el jefe de los torturadores del campo La Perla. Lo imputaban por
el secuestro y desaparición de varias personas, entre ellas Carlos Altamira,
Alejandra Jaimovich, Rita Ales de Espíndola y Dalila Besio de Delgado, embarazada
al ser secuestrada.
Barreiro había arribado el lunes 13 y se
había instalado en el desaparecido Batallón de Comunicaciones 141 (hoy Ciudad
de las Artes). De allí se trasladó al Regimiento de Infantería Aerotransportada
14, al mando del teniente coronel Luis Polo, a sabiendas de que éste jamás lo
entregaría y de que se estaba gestando un alzamiento militar en su apoyo.
“Si alguna vez llaman a declarar a uno de
nuestros muchachos, nos plantamos todos”, se habían jurado unos meses antes
Aldo Rico, Luis Polo, Ángel León, Enrique Venturino y otros oficiales. Eso
había sido en la Escuela
de Guerra, cuando hacían el curso de jefes de unidad.
Barreiro era el primer oficial de
Ejército citado a declarar y se sabía que quedaría detenido.
El martes 14 un alto jefe del Tercer
Cuerpo entrevistó al juez federal Gustavo Becerra Ferrer, quien tenía estrecha
relación con sectores militares. “Vengo como amigo a contarle que Barreiro no
se presentará y que estamos ante una grave crisis”, le dijo.
El juez le comunicó la mala nueva al
gobernador Angeloz. Cuando llegó el miércoles y Barreiro no apareció, la Cámara comisionó al
delegado de la Policía
Federal , José Elcides Bresso para que fuera a buscar al
militar al cuartel donde se había refugiado. “Pasá, está en mi despacho”,
invitó Polo al policía del que se consideraba amigo.
Allí estaban Barreiro y el comandante del
Tercer Cuerpo, general Antonio Fichera. El comisario intentó convencer a
Barreiro para que lo acompañara. “No quiero ser un forro”, dijo el mayor. El
hombre se había cerrado y no aceptaba razones.
“Usted también es un forro”, repitió,
dirigiéndose a Fichera. Esa frase demostraba que se había cortado la cadena de
mandos, los generales eran comandantes sin tropa.
Ante el cariz que tomaban los
acontecimientos, Angeloz fue hasta el Arzobispado y le pidió a su amigo el
cardenal Raúl Francisco Primatesta que fuera al Regimiento de Infantería e
intercediera para descomprimir la situación.
Al cumplirse 15 años del levantamiento,
en declaraciones a este diario, Polo contó que, cuando llegó Primatesta, con
otros oficiales se tomaron todos de la mano y rezaron el Padre Nuestro. En esa
oportunidad, el militar mostró al periodista que lo entrevistó un rosario que
tenía en la vitrina de “sus mejores recuerdos”. “Me lo regaló el cardenal
Primatesta después de la
Semana Santa del ’87, cuando lo fui a visitar a su casa. Es
un rosario que a él se lo había entregado el Papa”.
En Córdoba pudieron aplacarse los ánimos
cuando Barreiro se escapó. Se decía que mientras Polo atendía a los periodistas
que se habían concentrado en el Regimiento, el arzobispo de Córdoba sacó al
prófugo en el baúl de su auto. Esto no se confirmó, pero tampoco se desmintió.
Explosión en Campo de
Mayo. A esa altura, la denominada “Operación Dignidad”
ya estaba en marcha. Aldo Rico y un grupo de seguidores, comandos que cinco
años antes habían actuado en la guerra de Malvinas, abandonaron el Regimiento
de Infantería 18 en San Javier, Misiones y se instalaron en Campo de Mayo.
Cuando Alfonsín salió al balcón y dijo lo
que todos querían escuchar ya estaba sellado el pacto con los carapintada. El
precio a pagar se convirtió en las leyes de Obediencia Debida y Punto Final,
que significaban la paralización de los procesos abiertos a militares acusados
por terrorismo de Estado, hasta cierta graduación. El acuerdo se completó con
los indultos durante la presidencia de Carlos Menem.
El partido militar ya se la había jurado
a Alfonsín que, el 13 de diciembre, a tres días de asumir, firmó los decretos 157/83
y 158/83. El primero alude a “la necesidad de promover la persecución penal de
los hechos cometidos por los terroristas” y el otro decreto ordena un juicio
sumario al Consejo Superior de las Fuerzas Armadas y a los integrantes de las
tres juntas militares de la dictadura. El 28 de diciembre derogó la ley de
amnistía dictada por la última junta militar y el 18 de enero ordenó la captura
del general Ramón Camps.
Un año antes de la rebelión carapintada,
el 19 de marzo de 1986, el presidente Alfonsín, sus ministros y la cúpula
militar de entonces hubieran muerto en un atentado en instalaciones del Tercer
Cuerpo de Ejército, de no ser por un cabo de apellido Arce, de la Brigada de Explosivos,
quien fue a orinar debajo de un puente por donde pasaría la comitiva
presidencial. Arce descubrió allí una bomba que, si hubiese explotado, no
habría dejado nada en pie en 200
metros a la redonda.
El acuerdo con los carapintada fue una
muestra de debilidad del presidente. Decidió ingresar a Campo de Mayo para
poner fin al alzamiento porque sabía que ninguna de las fuerzas leales
dispararía contra los insubordinados.
Esa debilidad del primer presidente de la
democracia quedó plasmada dos días después del domingo de Pascua, cuando pasó a
retiro a Ríos Ereñú y lo reemplazó por el general Dante Caridi. El segundo paso
se produjo en junio de 1987, cuando se aprobó la Ley de Obediencia Debida que exculpaba a los
oficiales de menor graduación acusados de crímenes durante la dictadura.
Alfonsín tuvo que sortear otro
levantamiento del ex teniente Aldo Rico, fugado de su lugar de detención por la
asonada de Semana Santa y que el sábado 16 de enero de 1988 tomó el Regimiento
IV de Infantería de Monte Caseros, en Corrientes. El lunes 18, el golpista se
entregó.
El poder de Alfonsín se fue debilitando
irremediablemente. Además del frente militar, tuvo que enfrentar 13 paros
generales de Saúl Ubaldini, líder de la
CGT , el boicot externo de Domingo Cavallo y el consecuente
desastre económico que sobrevino con el anuncio, el 6 de febrero de 1989, de la
devaluación del peso que le abrió las puertas a la hiperinflación y a los
saqueos de supermercados.
Así, el hombre que había movilizado a
millones de personas en defensa del sistema democrático, tuvo que renunciar a
la presidencia el 30 de junio de 1989.
Víctor Bugge, fotógrafo presidencial y el
único civil que acompañó a Alfonsín a Campo de Mayo, lo reivindicó años después
al afirmar que “salvó al país de una masacre y eso la gente no lo sabe y le
reprochó lo que vino después... Pudo haber 50 mil muertos. Fue un gran hombre,
un gran presidente”.
A pesar del descrédito, Alfonsín siguió
luchando por la democracia. Además, fue un hombre honesto. El pueblo volvió a
volcarse a las calles para reivindicarlo definitivamente 20 años después. Fue
el 31 de marzo de 2009, cuando murió a los 82 años.
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